Con la firma del presidente Javier Milei y el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27801), que concreta un anhelo de años de la derecha conseguido en un tratamiento exprés en sesiones extraordinarias: la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial pone en marcha el nuevo régimen penal que, de acuerdo a la normativa aprobada por el Senado al pasado 27 de febrero, deberá crear un nuevo sistema procesal para los menores de edad, con escaso aporte por parte de Nación, por lo que se prevé una aplicación dispar en cada provincia.
Las banderas de la baja de la edad de imputabilidad como solución a los problemas de inseguridad –en un país con el menor índice de delitos de adolescentes en toda América Latina– fue defendida en la sesión del Senado por la presidenta del bloque oficialista Patricia Bullrich, quien militó esta modificación en sus dos gestiones como ministro de Seguridad.
“Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, dijo Bullrich para hablar de los adolescentes que cometen delitos y criticó los años de políticas “zaffaronistas”, en referencia a la doctrina que prioriza la garantía de los derechos fundamentales y que fue defendida durante los gobiernos kirchneristas.
El oficialismo no estuvo solo a la hora de aprobar la baja de edad de imputabilidad sino que fue acompañado por senadores de la UCR, el PRO y bloques provinciales en una votación que terminó con 44 votos positivos y 27 negativos. El radical Flavio Fama fue uno de los que dio el voto positivo para bajar la edad de imputabilidad al tiempo que reconoció que “el Estado falló” para los adolescentes en conflicto con la ley.
Con esta norma, la Argentina llevó la edad de responsabilidad penal al nivel en que ya rige en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana; pero con penas mayores en caso de delitos graves como el homicidio.
Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años.
El argumento oficialista para validar la reforma fue la cuenta pendiente que tenía el país en actualizar su régimen penal juvenil, cuya última sanción había sido durante la última dictadura militar, con un sistema que carece de juicio y plazos para definir la responsabilidad de los menores de edad frente a los delitos.
La nueva norma plantea una serie de medidas socioeducativas que deberían priorizar la reinserción social, algo que la oposición puso en duda por la actual situación de las cárceles e institutos de menores y el escaso presupuesto nacional comprometido para el cumplimiento de la ley en todo el país.
Fuente: P12