La Cámara del Segundo Circuito suspendió temporalmente el fallo de la jueza Preska que obligaba a Argentina a ceder el 51% de la petrolera. Los abogados tendrán hasta el 22 de julio para presentar sus argumentos.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este martes suspender, de manera temporal, la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre, una medida que había sido ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera nacional.
La decisión, que representa un respiro para el Estado argentino, frena por lo menos por una semana la obligación de transferir ese paquete accionario valuado en 16 mil millones de dólares, y pone en pausa el avance de los demandantes encabezados por Burford Capital.
El tribunal hizo lugar a la solicitud de los abogados que representan a la Argentina, tras una serie de reuniones entre las partes y la propia jueza, que hasta ahora había rechazado todos los pedidos del país sudamericano para detener el proceso. Se trata de una “suspensión administrativa temporal” que busca garantizar que ambas partes puedan presentar sus argumentos de forma ordenada.
Los plazos del nuevo cronograma judicial
El tribunal fijó un nuevo cronograma: Burford Capital deberá presentar sus argumentos en contra de una suspensión más prolongada hasta el próximo 17 de julio, mientras que la defensa argentina tendrá tiempo hasta el 22 de julio para responder. Luego, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si extiende la suspensión por todo el tiempo que dure la apelación de fondo.
El fallo de Preska, dictado el pasado 30 de junio, obligaba a la Argentina a transferir las acciones a una cuenta de custodia en The Bank of New York Mellon Corporation, pese a los planteos de la defensa sobre que la medida viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional.
Un proceso judicial con impacto diplomático
El conflicto judicial entre Argentina y los fondos especulativos data de la estatización de YPF en 2012 y se intensificó tras el reclamo por el supuesto incumplimiento de estatutos internos de la empresa al momento de la reestatización.
El Gobierno argentino argumentó que la orden de Preska vulnera principios básicos del derecho internacional y recordó que incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos había emitido una Declaración de Interés en su favor durante la gestión de Donald Trump.
Fuente: Página 12.