Un fallo judicial de la Justicia Federal de La Plata ordenó la suspensión del Decreto 116/2025, que establecía la conversión del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. La decisión prohíbe cualquier acción administrativa para su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el marco de una causa que cuestiona la legalidad de la medida.
Un freno judicial al decreto del Gobierno
El juez Alejo Ramos Padilla fue el encargado de dictar la medida cautelar interina en respuesta a una presentación realizada por trabajadores del BNA, quienes denunciaron que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo constituye un «intento solapado» de privatización.
En su fallo, Ramos Padilla argumentó que la transformación del Banco Nación en sociedad anónima podría contradecir lo establecido en la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que excluyó explícitamente a la entidad de la lista de organismos sujetos a privatización. Además, resaltó que cualquier modificación en la estructura jurídica del banco debe ser aprobada por el Congreso Nacional.
La resolución establece que el Estado Nacional y el Banco Nación deberán abstenerse de ejecutar cualquier acción tendiente a aplicar el decreto y fija un plazo de cinco días para que ambas partes presenten un informe detallando el interés público comprometido en el caso.
El decreto en cuestión y la postura del Gobierno
El Decreto 116/2025, publicado recientemente, preveía que el Banco Nación comenzara a operar bajo la normativa de la Ley 21.526 de Entidades Financieras y habilitaba al Ministerio de Economía a suscribir el capital social de la nueva sociedad, además de establecer normas complementarias para su funcionamiento.
Según el Gobierno Nacional, la medida forma parte del proceso de reorganización estatal, con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente el sistema financiero. Sin embargo, los demandantes advirtieron que esto podría abrir la puerta a la pérdida del carácter público del BNA y facilitar la incorporación de capitales privados, con consecuencias económicas y sociales irreversibles.
El propio Estado Nacional y la administración del Banco Nación habían solicitado que la cuestión se declarara abstracta, argumentando que la privatización del BNA había sido descartada durante el debate de la Ley Bases en el Congreso. No obstante, la reciente publicación del decreto reactivó la controversia y llevó a los trabajadores a solicitar la intervención de la Justicia.
El futuro del Banco Nación
El fallo de Ramos Padilla no resuelve de manera definitiva la cuestión, sino que impide la aplicación del decreto hasta que se analice en profundidad su legalidad. En este contexto, el Gobierno deberá justificar ante la Justicia el interés público detrás de la transformación del banco.
Fuente: Ámbito.
