En Pergamino, la Justicia Federal ha dado un paso histórico al llevar a juicio oral a tres empresarios del sector agroindustrial acusados de realizar fumigaciones con agrotóxicos en zonas próximas a barrios residenciales. La causa tiene origen en 2018 y impulsada por Sabrina Ortiz, abogada de Naturaleza de Derechos y residente del barrio Villa Alicia, quien denunció afectaciones a la salud de los habitantes de su comunidad producto de las fumigaciones.
El Juzgado Federal de San Nicolás, dirigido por el juez Carlos Villafuerte Ruso, dictaminó que la causa avance hacia un juicio oral, lo que constituye un precedente en la región y en la industria agroexportadora del país. Esta decisión también expone la controversia en torno al uso de agrotóxicos en las prácticas agrícolas, especialmente en Pergamino, una zona que alberga importantes actividades de producción de cultivos transgénicos, incluidas las experimentaciones de la multinacional Bayer-Monsanto.
La denuncia y los antecedentes
La denuncia de Ortiz, quien ha reportado problemas de salud vinculados a las fumigaciones desde 2011, menciona que las aplicaciones de agrotóxicos se realizaban cerca de los barrios Villa Alicia, Luard Kayad y La Guarida, en incumplimiento de la ordenanza local que prohíbe la fumigación terrestre a menos de 100 metros de áreas habitadas. Los acusados, Fernando Cortese, Víctor Hugo Tiribó y Mario Reinerio Roces, son señalados por estas prácticas que presuntamente contaminan las aguas subterráneas y ponen en riesgo la salud pública.
Contaminación confirmada
La investigación judicial incorporó estudios realizados por el INTA Balcarce, que detectaron 19 tipos diferentes de agrotóxicos en el ambiente circundante. Además, las pruebas de genotoxicidad del equipo de investigación de la Dra. Delia Aiassa confirmaron daño genético en la familia de Ortiz, hallándose glifosato y AMPA en la orina de su hijo menor.
El caso se caratula bajo el delito de “contaminación ambiental peligrosa para la salud” conforme al artículo 55 de la Ley 24.051, en relación con el uso de residuos peligrosos según el artículo 200 del Código Penal. Los cargos implican una contaminación continua y de duración indeterminada desde el año 2011, y el juicio podría establecer responsabilidades penales significativas para los empresarios involucrados.
Un avance en la protección ambiental y de la salud pública
La llegada de este caso a juicio oral representa un avance para quienes luchan contra el impacto del uso de agrotóxicos en zonas habitadas y plantea una discusión sobre las prácticas y regulaciones agrícolas en Argentina.
