En una decisión que podría marcar un precedente significativo, el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ordenó al Estado nacional que presente un plan de acción para garantizar la continuidad de la política pública destinada a la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
El magistrado estableció un plazo de tres meses para que el Gobierno, en conjunto con las administraciones locales, diseñe y presente un programa que permita avanzar con las obras de infraestructura y los servicios esenciales en los barrios identificados como prioritarios en el RENABAP.
La medida cautelar también exhorta al Congreso Nacional a arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar el financiamiento de esta política pública. Esto incluye considerar opciones legislativas para restablecer o ampliar las partidas destinadas al Fideicomiso para la Integración Socio Urbana (FISU).
Origen del reclamo
La acción judicial fue impulsada por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de Pehuajó y el sacerdote Lorenzo De Vedia, conocido por su labor en Opción por los Pobres. Los demandantes sostuvieron que las políticas actuales no cumplen con las leyes n.º 27.453 y n.º 27.541, debido a la reducción del porcentaje del impuesto PAIS que se destinaba al FISU, lo que afecta directamente las obras de infraestructura en los barrios populares.
Contexto y fundamentos legales
El decreto n.º 193/24 del Poder Ejecutivo Nacional fue señalado por los amparistas como inconstitucional, al modificar la asignación de fondos del impuesto PAIS hacia el fideicomiso. Según argumentaron, esta medida contradice las disposiciones legales que garantizan el financiamiento de las obras de integración socio-urbana.
La resolución busca dar continuidad a los proyectos en los barrios más vulnerables del país, muchos de los cuales carecen de servicios básicos como agua potable, gas, electricidad, y acceso a transporte seguro. La integración socio-urbana de estos sectores es fundamental para garantizar los derechos de los habitantes de estas comunidades.
