Entidades sociales, sanitarias y académicas cuestionaron el proyecto del gobierno de Javier Milei para derogar la ley y advirtieron sobre un “grave retroceso” en salud pública.
Más de 300 organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas y colectivos vinculados a la salud pública manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
La polémica se desató luego de que el Poder Ejecutivo enviara al Congreso el expediente 186/26, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, con el objetivo de eliminar la normativa sancionada en 2021.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que la iniciativa representa “un grave retroceso” y denunciaron que implicaría “desmantelar una de las políticas de salud pública más importantes del país”.
Qué establece la Ley de Etiquetado Frontal
La normativa vigente obliga a incluir sellos negros de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
Además, regula la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limita estrategias de marketing y promueve entornos escolares saludables.
Según remarcaron las entidades firmantes, la derogación eliminaría de manera inmediata todo ese esquema de protección para consumidores.
“El etiquetado frontal es una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, señalaron las organizaciones en el documento difundido públicamente.
Cuestionamientos al argumento oficial
El gobierno nacional justificó el proyecto bajo la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias” y avanzar hacia una armonización normativa dentro del Mercosur.
Sin embargo, desde las organizaciones rechazaron ese planteo y defendieron el modelo argentino basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado uno de los más estrictos de la región.
También cuestionaron la influencia de las grandes empresas alimenticias nucleadas en COPAL, entidad que históricamente se opuso al sistema de octógonos negros.
El titular de la coordinadora empresaria, Daniel Funes de Rioja, había reclamado en distintas oportunidades avanzar hacia sistemas regionales “menos restrictivos”.
Las cifras que sostienen la defensa de la ley
Las entidades que rechazan la derogación sostuvieron que la evidencia acumulada desde la implementación de la ley demuestra su efectividad.
Según indicaron, el 90% de la población considera que los sellos permiten identificar rápidamente productos poco saludables y más de la mitad aseguró haber modificado hábitos de compra a partir de la presencia de los octógonos.
Además, remarcaron que antes de la sanción de la norma apenas el 13% de la población lograba comprender correctamente la información nutricional tradicional incluida en los envases.
“Los octógonos democratizaron el acceso a la información”, afirmaron.
Las organizaciones reclamaron finalmente que el Congreso rechace el proyecto enviado por el Ejecutivo y mantenga vigente la legislación actual.
Fuente: Tiempo Argentino.