La defensa del exjefe de Gabinete solicitó suspender el plazo para responder las 20 preguntas del fiscal Pollicita. La investigación detectó un desfasaje de más de $43 millones y movimientos por US$ 402.578.
Manuel Adorni solicitó una prórroga para presentar su descargo ante la Justicia en la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La defensa del exjefe de Gabinete pidió suspender el plazo de 15 días otorgado por el fiscal Gerardo Pollicita, que vence este miércoles, para explicar distintos movimientos de dinero y presentar documentación respaldatoria.
El pedido se produjo luego de que un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) detectara inconsistencias entre los ingresos y los gastos declarados por Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.
Qué detectó el informe sobre el patrimonio de Adorni
Según el informe incorporado a la causa, el grupo familiar declaró ingresos por aproximadamente $229 millones, mientras que los gastos reconstruidos durante el período analizado alcanzaron los $272 millones.
De esta manera, quedó expuesto un desfasaje superior a $43 millones que la Justicia busca determinar cómo fue financiado y cuál es su origen.
A ese monto se suman distintos movimientos en moneda extranjera que también forman parte de la investigación. En total, el informe identificó operaciones por US$ 402.578,12 cuyo origen y destino deben ser explicados.
Entre las operaciones bajo análisis aparecen la compra del lote 380 del country Indio Cuá, el pago de US$ 245.000 al contratista Matías Tabar por trabajos de remodelación de una vivienda y los US$ 200.000 que Adorni afirmó haber invertido en bitcoin.
La defensa busca acceder al teléfono de un contratista
Para avanzar en la reconstrucción de algunas de las operaciones cuestionadas, la defensa también solicitó revisar el teléfono de Matías Tabar, quien entregó voluntariamente su dispositivo.
El objetivo es acceder a información y documentación que pueda aportar elementos para explicar los pagos realizados al contratista y respaldar la versión presentada por Adorni.
La estrategia de la defensa apunta a reunir comprobantes y otros elementos que permitan justificar las diferencias detectadas en el análisis patrimonial.
Ahora debe decidir el juez Ariel Lijo
El pedido de prórroga quedó ahora en manos del juzgado a cargo de Ariel Lijo, que deberá determinar si concede el tiempo adicional solicitado por la defensa.
Si el magistrado acepta el planteo, Adorni contará con un nuevo plazo para responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal Pollicita y presentar la documentación destinada a explicar los movimientos observados.
La investigación se encuentra así en una etapa en la que la Justicia busca reconstruir el origen de los fondos y determinar si las inconsistencias detectadas tienen una explicación respaldada documentalmente.
Por el momento, no existe una conclusión judicial sobre la existencia de un enriquecimiento ilícito: las diferencias patrimoniales forman parte de la investigación y deberán ser explicadas por el exfuncionario antes de que la Justicia avance sobre las distintas hipótesis del expediente.
Fuente: Página 12.