En el marco del proceso de reforma del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó con la transformación de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima. La medida, oficializada mediante el Decreto 115/25 publicado en el Boletín Oficial, busca allanar el camino para una eventual privatización de la empresa, siguiendo la línea de otras entidades estatales que han sido reformadas en las últimas semanas.
El decreto y la nueva estructura societaria
El documento firmado por Milei dispone la transformación de la compañía estatal en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, bajo la órbita del Ministerio de Economía. La nueva entidad operará según el régimen de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y se encargará de la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético de la región.
El decreto establece que el 95% de la participación accionaria estará en manos de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante será administrado por la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la medida y parafraseó al exministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, asegurando: «Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana. Fin».
Río Turbio, en la lista de privatizaciones
YCRT fue incluida en la Ley Bases dentro del listado de empresas que el Ejecutivo busca privatizar total o parcialmente. La mina de carbón ubicada en Santa Cruz emplea a unos 2.100 trabajadores, y es un pilar económico para la ciudad de Río Turbio y la Central Termoeléctrica de la región.
Según un informe de la Sindicación General de la Nación (SIGEN) de noviembre de 2024, la empresa registró un resultado negativo de $8.728 millones, a pesar de haber recibido subsidios por $53.837 millones. Además, el déficit operativo alcanzó los $62.565 millones en los primeros nueve meses del año.
Avance del plan de privatizaciones de Milei
La conversión de YCRT en sociedad anónima se suma a una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para reducir la presencia estatal en el sector productivo. Otras empresas incluidas en la Ley Bases para una eventual privatización son:
- Energía Argentina (Enarsa)
- Intercargo
- Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Corredores Viales
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)
Más allá de estas compañías, el Ejecutivo también analiza el destino de 62 empresas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, 59 con presencia minoritaria y 8 en proceso de liquidación. Entre ellas se encuentran Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Casa de Moneda, Fabricaciones Militares y Tandanor.
Antecedentes recientes: Banco Nación y Belgrano Cargas
Este decreto se suma a la reciente transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, oficializada a través del Decreto 116/2025. Si bien la entidad fue excluida de la Ley Bases, el Gobierno avanza en su reforma con miras a una eventual privatización parcial o total.
Asimismo, a principios de febrero, Milei firmó el decreto para privatizar Belgrano Cargas y Logística S.A., traspasando la gestión de los servicios ferroviarios de carga al sector privado.
En la misma línea, se concretó la privatización de la metalúrgica estatal IMPSA, que pasó a manos de Arc Energy, una firma estadounidense con estrechos vínculos con el presidente Donald Trump.
Además, el Gobierno avanzó en la privatización de Corredores Viales S.A., a través del Decreto 97/2025, habilitando la concesión de rutas nacionales al sector privado.
El impacto de la transformación de YCRT
La conversión de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una sociedad anónima representa un paso clave hacia la reducción de la intervención estatal en el sector energético. Sin embargo, la decisión genera preocupación entre los trabajadores y la comunidad de Río Turbio, donde la mina es la principal fuente de empleo.
Con este decreto, la administración de Javier Milei continúa avanzando en su agenda de privatizaciones y reestructuración del Estado, en un contexto de ajuste económico y reformas estructurales que apuntan a reducir el déficit fiscal y atraer inversiones privadas.
Fuente: Ámbito.
