El Gobierno de Javier Milei decidió desplazar al personal civil que se desempeñaba en la Quinta de Olivos y anunció que la Casa Militar asumirá de manera integral las tareas de la Residencia Presidencial. La medida incluye no solo las funciones de seguridad, sino también actividades que históricamente estuvieron a cargo de trabajadores civiles, como la cocina, la jardinería y el mantenimiento.
Desde Presidencia justificaron la decisión por “la escalada de la inseguridad a nivel global” y por la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Sin embargo, en paralelo circulan otras versiones vinculadas con presuntas filtraciones de información y con investigaciones judiciales sobre contrataciones y licitaciones realizadas para la Quinta.
La Casa Militar asumirá todas las tareas
Según informó Presidencia, “la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”.
El cambio implica que Casa Militar, que tradicionalmente tiene bajo su órbita la seguridad presidencial, también se ocupará de tareas que hasta ahora realizaba el personal civil de la Quinta de Olivos.
Entre esas funciones se encuentran la preparación de alimentos, la jardinería y otras tareas vinculadas con el funcionamiento cotidiano de la Residencia.
La decisión contempla además la eliminación de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control.
Desde el Ejecutivo señalaron que la reorganización busca “fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.
La explicación oficial del Gobierno
La Casa Rosada vinculó la modificación con el contexto internacional y con la próxima visita del papa León XIV, que permanecerá tres días en el país durante noviembre.
Según la explicación oficial, el viaje papal “demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”.
En ese marco, el Gobierno decidió centralizar las actividades en la Casa Militar, que tendrá a su cargo la transferencia integral de las responsabilidades y los bienes de la Quinta Presidencial de Olivos.
El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
Presidencia también sostuvo que la iniciativa se encuentra contemplada “dentro de lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar” y que permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la Residencia.
Despidos y falta de explicaciones
La medida tomó por sorpresa a los trabajadores civiles de Olivos. Según el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, son diez los empleados despedidos, aunque el número todavía no fue confirmado oficialmente por el Gobierno.
“Despidieron sin ningún motivo al personal de la Quinta de Olivos. Los trabajadores se presentaron a su puesto de laburo como todos los días a realizar las labores que llevan adelante y no pudieron hacerlo. No se les dio ninguna explicación. Nada”, sostuvo el dirigente sindical.
Los trabajadores señalaron además que en los últimos días habían advertido un incremento en el ingreso de personal militar a la Quinta.
Se trata, según la información difundida, de efectivos que no son contratados de manera temporal para una actividad específica, sino que forman parte de las denominadas “plantas transitorias” desde hace más de una década.
En tanto, la residencia destinada al intendente de la Quinta estaría siendo ocupada actualmente por un teniente coronel de apellido Velázquez. Hasta ahora, ese cargo era desempeñado por Osvaldo Javier Sosa.
Las versiones que circulan sobre la decisión
Mientras el Gobierno sostiene públicamente que la reorganización responde a razones de seguridad, también comenzaron a circular versiones sobre otros posibles motivos.
Una de ellas vincula la decisión con la descompensación de uno de los perros de Milei. Según esa versión, el Presidente habría sospechado que sus mascotas podían haber sido envenenadas y habría responsabilizado a un trabajador de la Residencia.
Desde el entorno del mandatario rechazaron esa explicación y la calificaron como “cualquiera”. No obstante, desde ese mismo sector sí admitieron que “hubo filtraciones de información”.
También aparecieron sospechas relacionadas con contrataciones y compras realizadas para el funcionamiento de la Quinta, incluyendo adquisiciones de alimentos y carne.
Una licitación de $700 millones bajo investigación
La reorganización de Olivos se produce además mientras existen actuaciones judiciales vinculadas con contrataciones para el mantenimiento de la Residencia.
Meses atrás, la diputada Marcela Pagano denunció presuntas irregularidades en licitaciones relacionadas con la jardinería y el mantenimiento de la Quinta.
La legisladora señaló una licitación pública, identificada como N° 23-0005-LPU26, por $700 millones y sostuvo que habría sido direccionada para beneficiar a Franco Castelli, a quien vinculó familiarmente con una colaboradora cercana a Karina Milei, Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General.
De acuerdo con la denuncia, en el proceso participaron las empresas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. Pagano sostuvo que ambas integraban el mismo espacio empresarial denominado Grupo Buena Vista SA, según antecedentes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La cuestión llegó a la Justicia federal. A mediados de mayo, el fiscal federal Ramiro González le pidió al juez Sebastián Ramos que requiriera al Gobierno el expediente completo correspondiente a esa licitación.
El Gobierno apunta a reducir la estructura de Olivos
Dirigentes que mantienen contacto con el Presidente plantearon, según Página/12, otra interpretación de la decisión. “En este gobierno no queremos jardineros que se vuelvan millonarios”, señalaron, en referencia a las contrataciones vinculadas con el mantenimiento de la Quinta.
La frase se conoce mientras avanzan las actuaciones judiciales sobre una de las licitaciones y en momentos en que el Gobierno decidió modificar por completo la estructura administrativa de la Residencia.
El Ejecutivo todavía no confirmó oficialmente que las investigaciones por contrataciones hayan sido determinantes para desplazar al personal civil.
Lo confirmado es que la Casa Militar concentrará las tareas de la Quinta de Olivos y que la Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta. El proceso deberá completarse durante los próximos 60 días, mientras permanecen abiertas las distintas interpretaciones sobre las razones que llevaron al Gobierno a adoptar una medida que modifica de manera sustancial el funcionamiento cotidiano de la residencia presidencial.
Fuente: Página 12.