El máximo tribunal dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar salarios y becas universitarias por inflación. Las universidades reclaman el cumplimiento inmediato de la medida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización por inflación de los salarios docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, desde diciembre de 2023.
La decisión del máximo tribunal representa un nuevo revés judicial para la administración de Javier Milei, que desde la sanción de la ley se ha negado a aplicar la normativa argumentando que su implementación afectaría el equilibrio fiscal.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevó el reclamo a la Justicia y solicitó una medida cautelar para garantizar al menos la aplicación de los artículos vinculados a la actualización de salarios y becas.
Actualización de salarios y becas
Con el fallo de la Corte, el Gobierno deberá avanzar en la recomposición de los haberes de trabajadores universitarios y en la actualización de programas de asistencia estudiantil como las Becas Belgrano y las Becas Progresar.
Las Becas Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas, permanecen congeladas en $81.685 desde hace más de dos años, mientras que las Becas Progresar ascienden actualmente a $35.000 mensuales y, según distintos estudios, perdieron cerca del 57% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión nacional.
Desde el sistema universitario aclararon que aún resta resolverse el fallo de fondo, que incluye otros aspectos del financiamiento, como los gastos de funcionamiento y las partidas destinadas a hospitales universitarios. Sin embargo, remarcaron que la falta de una sentencia definitiva no exime al Gobierno de cumplir de manera inmediata con la cautelar.
El conflicto por el financiamiento
Las universidades nacionales sostienen que el presupuesto asignado para 2026, de 4,8 billones de pesos, resulta insuficiente para garantizar el normal funcionamiento del sistema, y estiman que se requieren al menos 7,3 billones de pesos.
Además, denuncian que los salarios de docentes y no docentes acumulan una pérdida de aproximadamente el 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
El presidente Javier Milei había vetado la Ley de Financiamiento Universitario, aunque posteriormente el Congreso dejó sin efecto esa decisión. Pese a ello, el Ejecutivo continuó sin aplicar la norma, situación que derivó en una larga disputa judicial que ahora suma un nuevo capítulo con el pronunciamiento de la Corte Suprema.
Negociaciones y posibles demoras
En medio del conflicto, el Gobierno realizó distintas propuestas de recomposición presupuestaria, entre ellas un aumento salarial del 21,3% para junio y otro 3% para septiembre, además de una actualización en gastos de funcionamiento y fondos adicionales para hospitales universitarios.
Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional remarcan que cualquier acuerdo debe partir del cumplimiento de la ley vigente.
Desde el ámbito universitario también advierten que el Ejecutivo podría intentar dilatar la implementación del fallo mediante nuevas negociaciones paritarias o esquemas de pago en cuotas, aunque adelantaron que insistirán ante la Justicia para exigir el cumplimiento de la resolución.
El impacto económico
Según estimaciones del sector universitario, el costo fiscal de la Ley de Financiamiento representa alrededor del 0,2% del Producto Bruto Interno durante 2026.
No obstante, cada mes de demora en su aplicación implica un ahorro de más de 100 millones de dólares para las cuentas nacionales, una situación que, sostienen las universidades, contribuye a sostener el superávit fiscal a costa del financiamiento del sistema de educación superior.
Pese al fallo favorable, desde las universidades advirtieron que la eventual actualización de los salarios y becas solo permitiría recuperar los niveles previos al recorte, sin compensar la pérdida acumulada durante más de dos años de deterioro del poder adquisitivo.
Fuente: Página 12.