Un juzgado federal de San Martín ordenó al Gobierno revertir la medida que afectaba a trabajadores del organismo agropecuario. En caso de incumplimiento, deberá pagar $10 millones por día.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó al Poder Ejecutivo dar marcha atrás con los 300 pases a disponibilidad en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La decisión se conoció este lunes y establece además una multa diaria de $10.000.000 en caso de que la administración nacional no cumpla con la medida cautelar.
La resolución responde a la aplicación de la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, que afectaba también al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de Semillas (INASE). Sin embargo, la medida judicial alcanza únicamente al personal del INTA.
Antecedentes del conflicto
El pase a disponibilidad había sido dispuesto pocas horas después de que el Senado rechazara el decreto 462/2025, que promovía el cierre de varios organismos estatales: INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV.
La semana pasada, antes de la votación en el Congreso, la Justicia ya había frenado la aplicación de ese decreto. La jueza Martina Isabel Forns, a cargo del mismo juzgado, había resuelto dictar una medida cautelar de no innovar con el fin de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo».
Una advertencia con sanción económica
Ante el incumplimiento de esa primera cautelar y el avance del Gobierno en los pases a disponibilidad, la Justicia reforzó su decisión y fijó una sanción en caso de desobediencia. Si el Ejecutivo no revierte los despidos, deberá pagar $10 millones diarios, una cifra que busca asegurar el cumplimiento de la orden judicial.
De esta forma, el futuro laboral de los trabajadores del INTA queda momentáneamente protegido hasta que se defina la situación de fondo respecto al decreto presidencial y a la continuidad de los organismos involucrados.
Fuente: Ámbito.