Media sanción para la nueva Ley de Inocencia Fiscal del Gobierno

Diputados aprobó el proyecto impulsado por Luis Caputo, que amplía el régimen simplificado de Ganancias y busca atraer dólares al sistema financiero formal.

Imagen: Noticias Argentinas

La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca ampliar el alcance del régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y facilitar el ingreso al circuito formal de los denominados “dólares del colchón”.

El proyecto obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, luego de una extensa sesión que terminó durante la madrugada. La aprobación representó la segunda victoria consecutiva del oficialismo en el recinto, después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La iniciativa ahora deberá ser debatida por el Senado para convertirse en ley.

El oficialismo sumó el respaldo de sus aliados

La Libertad Avanza consiguió avanzar con el proyecto gracias al acompañamiento de sus habituales aliados legislativos. Votaron a favor bloques del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, entre otros.

En rechazo se pronunciaron Unión por la Patria, la izquierda y legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

El proyecto modifica distintos aspectos de la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, sancionada previamente por el Congreso, cuyo régimen tuvo una adhesión menor a la esperada por el Gobierno.

El objetivo: incorporar los dólares que están fuera del sistema

Uno de los principales objetivos de la reforma es incentivar la utilización de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero formal.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo durante la presentación de la iniciativa que existe una importante cantidad de dólares en efectivo que los argentinos mantienen fuera del circuito formal. Según las estimaciones oficiales mencionadas por el funcionario, esa cifra rondaría los US$170.000 millones.

Caputo también planteó que la intención del Gobierno es establecer un régimen cuyos beneficios puedan mantenerse independientemente de los cambios de administración.

Sin embargo, la primera versión de la norma quedó por debajo de las expectativas oficiales. De acuerdo con datos de ARCA, alrededor de 330.000 personas se adhirieron al sistema de declaración jurada simplificada de Ganancias. De ese universo, 170.115 ya habían presentado su declaración, mientras que cerca de 99.000 mantenían el trámite en estado de borrador.

Quiénes podrán acceder al régimen simplificado

Uno de los principales cambios consiste en ampliar significativamente el universo de personas que podrán optar por el régimen.

La nueva propuesta establece que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina podrán elegir esta modalidad, sin límites relacionados con sus ingresos anuales o su patrimonio.

La normativa vigente establecía restricciones: podían acceder quienes tuvieran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Además, el proyecto extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para acceder a los beneficios contemplados por el régimen.

Qué pasará con las fiscalizaciones de ARCA

La reforma no elimina las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo conservará herramientas para controlar especialmente a los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia para la recaudación.

El proyecto redefine además el concepto de “discrepancia significativa”, que puede habilitar al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y avanzar con una revisión del Impuesto a las Ganancias.

Según el texto aprobado por Diputados, esa discrepancia se configurará cuando la impugnación implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos igual o superior al 15% respecto de lo declarado originalmente por el contribuyente.

Las operaciones deberán pasar por el sistema financiero

Otro de los requisitos establecidos por el proyecto es que quienes adhieran al régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal.

Para ello deberán utilizar medios de pago autorizados por el Banco Central (BCRA) o por la Comisión Nacional de Valores (CNV), según corresponda.

De esta manera, el Gobierno busca generar mayores incentivos para que los fondos que actualmente se encuentran fuera del circuito formal puedan ser utilizados dentro del sistema financiero sin que eso implique, por sí solo, una mayor exposición fiscal para los contribuyentes que cumplan con las condiciones establecidas.

Menos multas para las PyMEs

Durante el tratamiento legislativo también se incorporaron modificaciones al proyecto original. Entre ellas se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

La medida forma parte de los cambios introducidos durante la discusión parlamentaria y busca reducir el impacto de las sanciones vinculadas con incumplimientos formales.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el Gobierno logró avanzar con una de sus principales iniciativas en materia tributaria. Ahora, el proyecto deberá atravesar el debate en el Senado, donde se definirá si finalmente se convierte en ley y amplía el régimen que la administración de Javier Milei busca utilizar para atraer al circuito formal una parte de los ahorros en dólares que permanecen fuera del sistema financiero.

Fuente: Página 12.

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