Un informe federal presentado en el Senado advierte sobre el crecimiento sostenido de las consultas y las internaciones en el sistema público. Las provincias reclaman mayor inversión, infraestructura y recursos humanos.
Las autoridades provinciales de salud mental presentaron en el Senado de la Nación un informe federal que advierte sobre el fuerte incremento de la demanda de atención y la presión que atraviesan los sistemas públicos de salud mental en todo el país. La presentación se realizó en medio del debate parlamentario por una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús y reúne información de 14 jurisdicciones que, en conjunto, representan al 70,85% de la población argentina. Entre los principales datos, se destaca que las consultas ambulatorias por salud mental aumentaron un 23% durante el último año, mientras que las internaciones crecieron un 42% entre 2023 y 2026.
Aumentaron las consultas y las internaciones
El informe muestra un incremento sostenido de la demanda de atención en salud mental. Las consultas ambulatorias registraron una suba del 23% en el último año, mientras que las internaciones aumentaron un 42% desde 2023. Solo durante el último año, el crecimiento de las internaciones alcanzó el 12%.
Las autoridades también señalaron un aumento de la demanda entre niñas, niños y adolescentes. A esto se suma la llegada al sistema público de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y comenzaron a requerir atención en hospitales y dispositivos estatales.
Según las provincias, este escenario se desarrolla en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones sociales y económicas, la pérdida de empleo y el debilitamiento de las redes de apoyo. Estos factores, sostienen, incrementan la presión sobre los servicios públicos.
Las provincias ampliaron sus dispositivos
Frente al aumento de la demanda, las jurisdicciones aseguran haber realizado importantes esfuerzos para ampliar su capacidad de respuesta.
Las 14 provincias relevadas cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales. Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales.
Además, 13 de las 14 jurisdicciones informaron ampliaciones de camas de internación y de sus redes comunitarias. Entre los dispositivos desarrollados se encuentran equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y espacios destinados al abordaje de los consumos problemáticos.
Sin embargo, las autoridades advierten que estas medidas no alcanzan para absorber el crecimiento de la demanda. También identificaron dificultades para completar los equipos profesionales en algunas disciplinas consideradas críticas.
A su vez, señalaron que las provincias debieron afrontar con recursos propios responsabilidades que anteriormente contaban con acompañamiento del Estado nacional.
Más inversión y recursos para salud mental
Ante este escenario, las autoridades provinciales plantearon una serie de necesidades para fortalecer la atención. Entre las principales demandas aparecen una mayor inversión, la ampliación de la infraestructura y de los recursos humanos, el fortalecimiento de la red pública y la garantía de acceso a medicamentos.
También reclamaron la producción de información epidemiológica nacional de calidad que permita conocer con mayor precisión la evolución de los padecimientos de salud mental y planificar políticas públicas.
Otro de los puntos planteados fue la necesidad de recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios. Para las autoridades, la articulación entre los distintos niveles del Estado resulta indispensable para sostener una política federal y abordar de manera continua uno de los problemas de mayor prevalencia epidemiológica.
Preocupación por la reforma de la Ley de Salud Mental
La presentación del informe tuvo lugar mientras el Congreso debate modificaciones a la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. En este contexto, las autoridades provinciales manifestaron su preocupación por los cambios propuestos.
Según expresaron, las modificaciones no resolverían los principales problemas que actualmente enfrentan los sistemas de salud mental y podrían generar nuevas barreras para acceder a la atención.
Las provincias también cuestionaron que la reforma, según su evaluación, eliminaría marcos y garantías sobre los que se sostiene la política de salud mental sin contemplar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta del sistema público.
Por ese motivo, plantearon que el escenario actual requiere fortalecer las políticas públicas existentes, incrementar los recursos destinados a salud mental y recuperar una estrategia federal que permita responder de manera coordinada al aumento de la demanda.
Qué provincias participaron del relevamiento
El informe reunió datos de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Además, participaron del encuentro representantes de Entre Ríos y Río Negro.
El relevamiento presentado en el Senado expone así un escenario de creciente demanda de atención en salud mental y de sistemas públicos que, pese a la ampliación de dispositivos y recursos en distintas jurisdicciones, advierten que se encuentran cada vez más exigidos. Para las provincias, el desafío requiere mayor financiamiento y una estrategia federal sostenida que permita ampliar la capacidad de respuesta.