El gobierno interino dispuso militarizar las calles de la capital y del puerto del Callao por 30 días, tras el aumento de homicidios y extorsiones vinculadas al crimen organizado.
El gobierno interino de Perú declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en el puerto del Callao, en medio de una escalada de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado. La medida, que regirá por 30 días, permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y restringirá derechos constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
«El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00:00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao», anunció el presidente José Jerí en un breve mensaje televisado. Con esta disposición, el Ejecutivo busca frenar una ola delictiva que afecta a más de 10 millones de personas en el área metropolitana.
Entre las restricciones impuestas se prohíbe que dos personas circulen en una misma motocicleta, una modalidad frecuentemente utilizada por sicarios para cometer asesinatos por encargo. La capital peruana ya había estado parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.
Violencia y crisis política
El recrudecimiento de la violencia ocurre en un contexto de profunda inestabilidad política. El 10 de octubre, la inseguridad ciudadana derivó en la destitución de la entonces presidenta Dina Boluarte, y cinco días después miles de personas se movilizaron frente al Congreso para protestar contra el nuevo gobierno de Jerí y el aumento de la criminalidad. Las manifestaciones terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Perú atraviesa una prolongada crisis institucional: desde 2016 ha tenido siete presidentes, en medio de sucesivos choques entre el Ejecutivo y el Congreso.
Cifras alarmantes de violencia
De acuerdo con datos oficiales, las denuncias por extorsión aumentaron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024, y Lima encabeza los registros. En lo que va de 2025, entre enero y septiembre, se reportaron 20.705 denuncias de extorsión, un 28,8% más que en el mismo período del año anterior.
El gremio de transporte Anitra informó que al menos 47 conductores fueron asesinados entre enero y octubre de este año. La organización, que agrupa a 460 empresas de Lima y Callao, advirtió que el sector se encuentra en “una situación límite” por las amenazas y los ataques del crimen organizado.
El nuevo estado de emergencia busca contener una crisis que combina la inseguridad con el desgaste institucional, mientras la población peruana enfrenta un clima de incertidumbre política y social.
Fuente: Página 12.