La reciente promesa del presidente Javier Milei de enviar ayuda humanitaria y asistencia técnica a la Comunidad Valenciana, tras las devastadoras lluvias de la DANA en España, ha generado una ola de críticas en redes sociales, posicionando a Bahía Blanca como tendencia.
El anuncio sorprendió a muchos argentinos, especialmente a quienes recuerdan cómo el gobierno respondió en ocasiones similares ante desastres climáticos en Argentina.
Ayuda para España, ¿y para Bahía Blanca?
A través de Manuel Adorni, vocero presidencial, el gobierno confirmó que la ayuda a Valencia se canalizaría mediante la Comisión de Cascos Blancos, reflejando “solidaridad y apoyo a los afectados en España”. Sin embargo, el recuerdo de la respuesta oficial ante la tormenta que azotó a Bahía Blanca a finales de 2023 —cuando Milei visitó la ciudad y, tras evaluar la situación, aseguró que “podrían arreglarse con lo propio”— sigue fresco en la memoria colectiva. Sin ayuda estatal ni recursos adicionales, los habitantes y equipos de emergencia locales enfrentaron la situación con medios limitados. Desde entonces, se ha criticado la política de Milei que prioriza la reducción del déficit federal, justificando el “ajuste local” en desastres como este con la frase: “No hay plata”.
¿Un doble estándar?
La decisión de Milei fue interpretada por algunos como un doble estándar en la asignación de ayuda. “No es que esté mal ayudar a Valencia; está mal el doble discurso”, destacan críticos, señalando que mientras las emergencias internas se enfrentan sin apoyo nacional, los recursos federales parecen fluir más fácilmente en casos de ayuda exterior.
Valencia, una región de la Unión Europea con acceso a fondos de emergencia, debería ser capaz de afrontar estos desafíos, especialmente en comparación con provincias argentinas que, por su estructura económica, dependen del respaldo nacional. La ayuda a Valencia no solo contrasta con la respuesta en Bahía Blanca, sino también con los incendios de Córdoba, donde bomberos y voluntarios trabajaron sin descanso y con mínimos recursos. Ante ello, los argentinos se preguntan: ¿qué justifica esta diferencia en la respuesta del gobierno?
