El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, implementará un sistema de regulación para las quemas controladas en el territorio bonaerense. A partir de 2025, esta práctica deberá realizarse bajo estrictos requisitos legales y con la debida autorización, incluyendo sanciones para quienes no cumplan con las normativas vigentes.
El nuevo procedimiento establece que cualquier quema planificada deberá ser autorizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, bajo la supervisión de la Dirección Forestal. En el caso de zonas protegidas, como áreas de recursos naturales o de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), la autorización también deberá ser revisada por el Ministerio de Ambiente.
Damián Alonso, director forestal de la provincia, destacó que la medida busca cambiar el paradigma actual, ya que, según datos de 2024, solo 6 de las 219 quemas registradas estaban autorizadas. “El objetivo no es perseguir a quienes cumplen con la ley, sino sancionar a quienes utilizan el fuego de manera irresponsable, poniendo en riesgo vidas y bienes”, afirmó.
Solicitudes y requisitos
El trámite, que en 2024 se realiza por correo electrónico, se digitalizará en 2025 para facilitar su gestión. Entre los requerimientos están:
- Presentar un plan de quema detallado.
- Contar con la supervisión de un profesional certificado, como un ingeniero agrónomo o forestal.
- Informar sobre el equipamiento de seguridad, el personal y las medidas preventivas contra escapes.
Una vez autorizada, la quema deberá realizarse dentro de un plazo de 30 días bajo las condiciones especificadas. Al finalizar, el responsable debe notificar su conclusión al registro oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario.
Tecnología y sanciones
La provincia dispone de un sistema satelital para monitorear quemas no autorizadas, lo que permitirá aplicar multas económicas o iniciar procesos judiciales en caso de incumplimiento.
“Queremos acompañar a quienes necesiten realizar esta práctica de manera segura y regulada, para evitar riesgos tanto ambientales como sociales”, concluyó Alonso.