Las entidades agropecuarias alertaron sobre el impacto institucional del decreto presidencial que reestructura al INTA y disuelve otros organismos clave para el desarrollo rural.
La publicación del decreto 462/2025, con el que el Gobierno de Javier Milei reconfigura el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y elimina la autarquía financiera de otros entes como el Inase, el Inafci, el INV y el INTI, generó una dura respuesta de la Mesa de Enlace, que denunció el avance de un modelo “centralista y discrecional” en la política agropecuaria.
A través de un comunicado conjunto, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro cuestionaron que los cambios se hayan realizado “sin consenso previo” con los actores productivos y advirtieron que la reforma pone en riesgo la continuidad de políticas públicas fundamentales para el desarrollo del sector.
El INTA pierde autarquía y gobernanza federal
Uno de los puntos más criticados es la transformación del INTA en un organismo desconcentrado sin autarquía financiera, lo que, según las entidades rurales, reduce su autonomía y subordina sus decisiones al Ejecutivo nacional. A esto se suma la modificación de su Consejo Directivo, que ahora pasará a ser un cuerpo ad honorem y solo consultivo, sin poder de decisión, lo que significa la pérdida de la representación público-privada que garantizaba el equilibrio entre el Estado, las provincias y el sector agropecuario.
“La nueva estructura del INTA atenta contra la gobernanza federal y la mirada de largo plazo. Todo queda en manos del Ejecutivo, sin participación efectiva de quienes integramos el sistema agroindustrial”, sostuvieron.
Advertencia por el impacto en pequeños productores
La voz más contundente fue la de Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, quien denunció que el decreto consolida un modelo “centralista” y desplaza a las entidades del agro y a las provincias a un rol marginal.
“Nos preocupa el alcance de este nuevo carácter desconcentrado. No queda claro qué facultades reales tendrá el consejo consultivo y tememos que se pierda la visión estratégica del INTA como herramienta federal y plural”, señaló. Además, cuestionó la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci) y del Banco de Tierras, previstos por la Ley 27.118, al considerar que eran instrumentos vitales para la producción de pequeña escala.
También alertó sobre el impacto que podría tener la eliminación del Inase y del Conase en la regulación de semillas. “Esto abre un frente de incertidumbre en un tema clave para la competitividad y la sostenibilidad de los pequeños productores”, dijo.
Un llamado a mantener reglas claras y diálogo
Si bien desde el Gobierno argumentan que la reforma busca “agilizar estructuras burocráticas y dar eficiencia al Estado”, desde la Mesa de Enlace insisten en que cualquier modernización debe estar acompañada por diálogo, participación y previsibilidad institucional.
Las entidades reclaman la convocatoria urgente a una mesa de trabajo para discutir el alcance real de los cambios y definir mecanismos que garanticen la continuidad de las políticas públicas y la participación efectiva de los actores productivos.
“El campo necesita reglas claras, organismos estables y una visión federal para seguir invirtiendo, innovando y generando empleo. El desmantelamiento de estos espacios, sin planificación ni consenso, va en sentido contrario”, advirtieron.
Mientras tanto, crece la tensión entre el Ejecutivo y el sector agropecuario, que vuelve a encender sus alertas ante lo que consideran un retroceso institucional que podría debilitar décadas de trabajo conjunto en investigación, extensión rural y desarrollo territorial.
Fuente: Ámbito.