A través de la Resolución 5587/2024, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó la eliminación de los valores de referencia para las exportaciones, una medida que se alinea con los objetivos del gobierno de Javier Milei de reducir barreras y simplificar el comercio exterior. Esta resolución pone fin a una normativa vigente que, hasta ahora, imponía precios preventivos para ciertos productos exportados.
La AFIP utilizaba los valores de referencia para evitar la subfacturación en exportaciones, estableciendo un valor mínimo precautorio por debajo del cual los exportadores no podían declarar sus productos. Si el valor declarado estaba por debajo de ese umbral, la operación pasaba al Canal Rojo Valor, un procedimiento que implicaba controles más estrictos y exigía garantías para cubrir la diferencia entre el valor declarado y el valor referencial.
Con esta nueva normativa, los exportadores ya no estarán sujetos a este sistema. Las operaciones ahora pasarán por los canales de selectividad regulares, y las autoridades podrán revisar las declaraciones mediante controles ex-post si es necesario.
Justificación oficial
En la publicación de la AFIP, firmada por su titular Florencia Misrahi, se argumenta que la eliminación de estos valores de referencia es necesaria debido a la volatilidad de los precios internacionales y a la incompatibilidad del sistema con el desarrollo dinámico del comercio exterior. El gobierno busca así mejorar la competitividad y reducir las cargas administrativas para los exportadores.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó en sus redes sociales que esta medida aumentará la rentabilidad de las exportaciones y reducirá la burocracia y las oportunidades de corrupción en el sector.
La situación de la AFIP
Esta medida también se da en un contexto de transición institucional, ya que la AFIP está en proceso de disolución, con planes para convertirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Aunque este cambio aún no se ha formalizado, se espera que esta transición reorganice las funciones de la entidad en línea con los objetivos de desregulación del gobierno.
